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Arropado por sus más directos colaboradores y por las personas más próximas, y en Oviedo, Francisco Álvarez-Cascos anunció ayer que no volverá a presentarse como candidato al Congreso de los Diputados. El veterano dirigente del PP - uno de sus fundadores y un hombre clave en el desarrollo del partido que llevó a Aznar a la Presidencia del Gobierno en 1996 — anunció ayer en Oviedo que, cumpliendo un compromiso adquirido hace dos años, ponía fin a su labor en primera línea política al mismo tiempo que José María Aznar. Al parecer, su anuncio supone el adiós a su actividad parlamentaria, pero no su retirada de la política. El ministro de Fomento pidió respeto para su vida privada en su despedida después de que su actual relación con la responsable de una conocida galería de arte madrileña saltara en los últimos días a la prensa del corazón. Sin embargo, el PSOE denunció ayer que el Ministerio de Fomento incrementó su gasto en compras de obras de arte en esa galería en más de un doscientos por ciento durante el último año, por lo que exigió a Álvarez-Cascos que explicara estas cuentas antes de dejar su responsabilidad. Francisco Álvarez-Cascos entró en política de la mano de Manuel Fraga en los años setenta. Desde entonces, Cascos ha estado siempre detrás del avance de un partido que llegó al poder en 1996. Durante diez años ha sido secretario general del PP y es, junto con Rodrigo Rato, el único ministro que ha permanecido las dos legislaturas completas en el Gabinete de Aznar. El candidato del PP a la Moncloa, Mariano Rajoy, aseguró ayer que había propuesto a Álvarez-Cascos repetir en las listas del PP como número uno por Asturias. 'Por la misma razón que en el 2000 dejé voluntariamente el cargo de secretario general del PP —prosiguió Álvarez-Cascos—, ahora doy por finalizados 22 años de dedicación parlamentaria ininterrumpida'. Tras hacer un balance de la gestión del Partido Popular en los últimos 25 años, con promesas 'cumplidas o en irreversible proceso de cumplimiento', el ministro apuntó que 'a partir de ahora' sólo buscará 'el reconocimiento' de los suyos.

(ABC, Cinco Días, El Mundo, El País, El Periódico, Expansión, La Gaceta, La Razón, La Vanguardia)

La población extranjera en España superará los 6 millones de personas en 2010 si se mantienen las tendencias actuales, y representará el 14,3% del total del censo español, según datos de expertos recogidos en un estudio patrocinado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), que elevan este porcentaje a casi un tercio de la población de España en 2015. El estudio, del que son autores José Félix Tezanos y el economista Sergio Tezanos, ha sido publicado en la revista de la Fundación 'Papeles de Economía Española' y ha sido elaborado por expertos y profesores universitarios. El estudio afirma que un 85% de la población cree que se debe permitir la entrada sólo a quienes tengan un contrato de empleo y un 74% está dispuesto a que sus hijos compartan las aulas con los inmigrantes. Además, un 46% percibe que sus conciudadanos los tratan con desconfianza, un 12% percibe desprecio y agresión y sólo un 24% que lo hacen con normalidad y amabilidad. Para un 48%, los inmigrantes son demasiados; para un 40% son bastantes, 'pero no demasiados', y para un 4% son pocos. El documento destaca que pese a que un 28% de los extranjeros procede de países ricos, sólo un 5% piensa en ellos como inmigrantes. La población marroquí censada es similar a la población de Teruel, Ávila o Segovia'. En 2003 la presencia de residentes extranjeros es muy importante en: Baleares (7,22%), Canarias (5,48%), Cataluña (5,20%), Madrid (5,03%), y Murcia (4,42%), donde los censados representan en torno al 5,7% de la población total. 'El volumen de extranjeros casi se ha duplicado en cuatro años y medio, y triplicado con creces en diez. Sólo en la primera mitad de 2003 el número de los residentes legales aumentó en 125.000, un 10% más de los que había un año antes', añade. Si se mantienen las mismas tendencias, a corto y medio plazo, en 2010 la población extranjera residente en España superará los seis millones de personas, ascendiendo en el 2015 a más de once millones. De seguir las cosas igual, los extranjeros, que hoy suponen el 5,4% de los residentes en España, podrían llegar en 2010 a casi el 14,3% y en 2015, al 27,4%.

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George W. Bush insistió de nuevo en su discurso sobre el estado de la nación en su controvertida doctrina de la guerra preventiva contra la amenaza terrorista, cuente o no con el visto bueno de las Naciones Unidas. El presidente, que en noviembre deberá revalidar su mandato en las elecciones presidenciales, convirtió ayer su discurso sobre el estado de la Unión en poco menos que un mitin electoral para contentar a los sectores más conservadores del Partido Republicano, incluidos los fundamentalistas cristianos. Vacío de nuevas propuestas de alcance, repetitivo en sus argumentos sobre la invasión de Irak y la guerra antiterrorista, el mensaje que transmitió el presidente de Estados Unidos en la madrugada de ayer sorprendió a los analistas por su escoramiento a la derecha y su combatividad electoralista en temas que soliviantan a la América liberal y progresista. Bush no hizo apenas concesiones al centro político, no empleó un tono conciliador e integrador. Optó por mostrarse dispuesto a plantar cara a los demócratas en los asuntos más polémicos – aunque algunos poco relevantes para la vida de la mayoría –, por afirmarse en sus principios. Se reservó el silencio para temas incómodos como Bin Laden – ausente del discurso – o pasó de puntillas sobre otros como las supuestas armas de destrucción masiva de Irak, que tanto protagonismo tuvieron el año pasado. Si el discurso del 2003 estuvo destinado a preparar al país para la guerra contra Sadam, el de ayer fue una arenga al núcleo más conservador de los republicanos para la lucha sin cuartel contra los demócratas en los comicios del 2 de noviembre. La oposición captó la filosofía del discurso y, en contra de lo que suele ser habitual, muchos de sus congresistas ni siquiera concedieron a Bush aplausos de cortesía ni se levantaron de sus asientos. Los gestos de algunos delataban la desaprobación. El veterano senador Edward Kennedy negaba con la cabeza algunas de las aseveraciones del presidente.

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Varios ministros y vicepresidentes del Gobierno iraní han presentado ayer su dimisión, que confirmarán definitivamente si el Consejo de Guardianes de la Constitución decide finalmente no dar marcha atrás a su rechazo masivo de candidaturas de cara a las elecciones legislativas del próximo 20 de febrero. A tan sólo un mes de los comicios, varios miembros del Gobierno reformista del presidente Mohamed Jatamí han cumplido la amenaza que hicieron por el rechazo masivo de las candidaturas reformistas, según anunció el vicepresidente, Mohamed Alí Abtahi, quien habló de la posibilidad de que incluso el propio presidente dimita de sus funciones. Las comisiones de vigilancia de las elecciones invalidaron cerca de 3.600 de las 8.157 candidaturas a las legislativas, entre ellas las de 80 diputados reformistas. Las comisiones alegaron que estos candidatos no respetaban ni el Islam ni la Constitución. Este rechazo fue de inmediato denunciado por lo reformistas, que calificaron esta decisión de intento de 'golpe de Estado' por parte de los conservadores, que controlan organizaciones esenciales del poder como el Consejo de los Guardianes, la Justicia o el Consejo de Discernimiento, instancia suprema de arbitraje político.

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El ministro francés de Interior, Nicolás Sarkozy, dijo ayer que aún queda 'mucho por hacer' en la lucha contra el terrorismo, pidió 'prudencia' a la hora de pensar si el final de ETA está próximo y se mostró dispuesto a hacer 'todo lo necesario' con su colega Angel Acebes para que los españoles puedan 'por fin sentirse seguros'. El ministro francés dijo que la Gran Cruz de la Orden de Carlos III que ayer le impuso el presidente del Gobierno, José María Aznar, no era para él un punto de llegada, 'sino más bien de partida' porque 'todavía queda mucho por hacer' El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró por su parte que 'también la colaboración en la lucha antiterrorista entre España y Francia contribuye a construir Europa', y ensalzó la cooperación bilateral entre los dos países en la consecución del triunfo de la libertad, la ley y la Justicia frente al terrorismo. Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Nicolás Sarkozy aseguró que a pesar de no haber coincidencia en todo, siempre ha contado con el apoyo del presidente de la República, Jaques Chirac y del primer ministro galo, Jean Pierre Raffarin en la lucha antiterrorista. El presidente del Gobierno mostró su 'gran satisfacción' por el galardón otorgado a Sarkozy, a quien atribuyó 'un impulso generoso y constante' en la colaboración con España para combatir a la banda terrorista ETA. El acto, al que acudieron los ministros Javier Arenas, José María Michavila, Ana Palacio, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal y altos cargos de Interior y de la Policía y gendarmería francesa fue inaugurado por el titular de Interior, Angel Acebes, quien ensalzó las relaciones de amistad y colaboración con España de Sarkozy. Acebes destacó la contribución de su colega galo 'en asuntos prioritarios' como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, así como las mafias que trafican con seres humanos dedicadas a la inmigración ilegal. El ministro del Interior recordó 'la defensa' junto con Sarkozy de 'iniciativas conjuntas' en diversos foros de la Unión Europea, y resaltó los avances en materias abordadas en la pasada cumbre celebrada en Jerez y la próxima que se desarrollará en Alemania.

(El Mundo, El País, La Vanguardia)

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha pedido al Gobierno que intervenga con contundencia para poner coto a las supuestas prácticas ilegales en que incurren Telefónica Móviles, Vodafone y Amena, derivadas del modelo de tarificación que aplican a sus clientes de contrato y prepago. La petición se produce un día después de que el Defensor del Pueblo anunciase públicamente la apertura de una investigación de oficio para conocer el alcance de las denuncias presentadas. Según FACUA, las operadoras de móviles redondean al alza de un minuto todas las llamadas realizadas desde y hacia teléfonos móviles con duración inferior al mismo, ingresando con ello miles de millones cada año por segundos de conversación que no llegan a consumirse. De acuerdo con sus estimaciones Telefónica Móviles, Vodafone y Amena aplicaron los citados redondeos a cerca de 10.000 millones de llamadas, ingresando de forma anómala alrededor de 1.175 millones de euros, el equivalente al 20% de la facturación obtenida por las tres compañías ese año, que en su conjunto ascendió a 5.884 millones de euros. Del montante global supuestamente ingresado irregularmente, FACUA destaca que 1.013,8 millones de euros correspondieron al redondeo al alza (0,13 euros de media por llamada) aplicado al cobro íntegro del primer minuto y los 161,3 millones de euros restantes al redondeo cobrado a los clientes de prepago en las llamadas de más de un minuto de duración (0,08 euros por llamada), cuya tarificación se efectúa tomando como referencia fracciones de 30 segundos. Pero las quejas no concluyen aquí. FACUA añade que de acuerdo con un reciente estudio que ha efectuado, el coste medio por minuto de una llamada realizada en horario normal es de 0,32 euros más IVA. Sin embargo, precisa que una conversación de 30 segundos de duración en la misma franja horaria, que debería costarle al usuario una media de 0,28 euros (teniendo en cuenta los 0,12 euros del coste de establecimiento), en realidad le supone un gasto de 0,44 euros, es decir un 57% más. Las tres operadoras aludidas salieron al paso de las críticas vertidas, destacando que no aplican redondeo alguno a la hora de cobrar a sus clientes. Recordaron que la estructura de precios ha evolucionado adaptándose en cada momento a la situación del mercado y a los propios costes. Fuentes de las compañías consultadas coincidieron en señalar que si finalmente se decide introducir modificaciones en el modelo vigente de tarificación, que se encuentra liberalizado, no descartan elevar sus tarifas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología investigará si algunas de las tarifas de telefonía móvil vulnera las garantías de los ciudadanos, con motivo de la investigación abierta por el Defensor del Pueblo.

(ABC, Expansión, La Razón)

Ayer comenzó en Düsseldorf el proceso contra un grupo de antiguos ejecutivos de Mannesmann, acusados de cobrar irregularmente primas multimillonarias de esta compañía. La Fiscalía pide hasta diez años de cárcel para los implicados. Los entonces miembros de la directiva de Mannesmann, operadora de telefonía móvil alemana comprada por Vodafone en el verano de 2000, recibieron o autorizaron primas y pensiones por un valor conjunto de unos 60 millones de euros. A cambio habrían facilitado la operación de espaldas a los accionistas, según la Fiscalía. Ellos alegan que las primas fueron cobradas como premio al aumento de valor de la compañía durante los meses de oposición a la opa hostil de Vodafone y que son legales, aunque inusuales en Alemania. En el banquillo se sientan ejecutivos de éxito como el actual presidente de Deutsche Bank, Josef Ackermann, o una autoridad de la historia sindical reciente del país como Klaus Zwickel, presidente de IG Metal entre 1993 y 2003, que aunque no cobraron primas personalmente, autorizaron los cobros y son ahora acusados de deslealtad, con gran desgaste para su imagen. El que fuera presidente de Mannesmann, Klaus Esser, sí cobró unos 30 millones de euros. El expresidente del Consejo de Vigilancia, Joachim Funk, recibió 6 millones de euros en primas más otros 5,3 millones en pensiones. La Defensa ocupó la primera sesión del juicio intentando evitar, en vano, la lectura de un rotundo texto acusatorio de cien páginas, y basará su estrategia en la comparación de las primas cobradas con los cánones que se aplican a estos pagos en países como EEUU. Parte de las sesiones de este juicio, que durará seis meses, serán retransmitidas por televisión y la prensa alemana informa sin pudor sobre el que califica el proceso judicial más espectacular de la historia económica de la República

(ABC, Cinco Días, El Mundo, El País, Expansión, La Gaceta)

Finmatica, sociedad italiana de informática y fotocopia del grupo alimentario Parmalat en cuanto a la falsificacion de balances, pasó ayer a recibir la misma terapia de choque: suspensión de la cotización en Bolsa e investigación judicial contra siete de sus directivos, incluyendo al presidente y accionista mayoritario, Pierluigi Crudele. Mientras tanto, la policia fiscal registraba en la ciudad de Milán las sedes de Morgan Stanley y Nextra (Banca Intesa), gestores de bonos Parmalat. La Magistratura de Brescia, donde tiene su sede la empresa de informática para grandes administraciones públicas, manifestó haber descubierto que los balances de 2002 y de 2003 esconden pérdidas de bastantes millones de euros mediante el consabido sistema de «plusvalías ficticias o montadas a propósito.

(ABC, Cinco Días, El Mundo, El País, El Periódico, La Razón)

La Generalitat Valenciana ha sancionado a Iberdrola con 198.333 euros por el apagón ocurrido en la provincia de Castellón el 27 de enero del año pasado, que afectó a 240.000 clientes. La Consejería de Infraestructuras y Transporte abrió un expediente informativo a la compañía para conocer las causas del corte del suministro. También pidió detalles sobre las medidas que tenía previsto implantar la compañía para evitar o minimizar sus consecuencias en caso de que volviese a presentarse una situación parecida en el futuro. Al mismo tiempo, solicitó a REE un informe análogo en su condición de operador del sistema, dado que el origen del incidente se situó en la subestación eléctrica de La Plana, perteneciente a la red de transporte de energía eléctrica.

(ABC, Cinco Días, El País)

La patronal CEOE ha advertido al futuro Gobierno de que será «imposible» que España cumpla los términos actuales del Protocolo de Kioto sobre emisiones de CO2 si no se hace un uso sin limitaciones de los mecanismos de flexibilidad contemplados en el acuerdo. Esto le costaría a España unos 78.600 millones de euros, un 1% del PIB. Así consta en el Informe sobre la situación de la economía española, retos y competitividad», elaborado por CEOE, en el que se dedica un capítulo entero a advertir de los problemas para cumplir Kioto y los riesgos para algunos sectores importantes de la economía española y para el mantenimiento del empleo.Los empresarios recuerdan que el protocolo obliga a España a reducir en un 40% sus emisiones de CO2 y que éstas no superen en un 15% a las registradas en 1990.Los cálculos de CEOE aseguran que nuestras emisiones pueden superar en más de un 60% las de la pasada década, 'por lo que el coste para su cumplimiento equivaldría al 1% del PIB'.

(Cinco Días, La Razón)

Las constructoras Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL, la empresa de ingeniería Abengoa y el banco Santander Central Hispano han comenzado a preparar las maletas para viajar el próximo febrero a Texas (Estados Unidos), donde las autoridades del estado norteamericano tienen previsto presentar un plan de infraestructuras valorado en 150.000 millones de dólares (119.000 millones de euros). Según la Cámara de Comercio Americana en España, el plan es el mayor proyecto de infraestructuras de Estados Unidos e incluye la construcción de carreteras, autopistas de peaje, líneas ferroviarias de alta velocidad, y proyectos de agua, electricidad, gas, petróleo y fibra óptica. Parte del plan de infraestructuras se ha denominado Trans Texas Corridor y ya tiene sabor español. Las autoridades tejanas han organizado un concurso para buscar un consorcio privado que les ayude y asesore en el desarrollo del proyecto.

(Cinco Días, Expansión, La Gaceta)

Imagenio, el servicio de Telefónica que combina ADSL, televisión convencional, vídeo bajo demanda e interactividad, ya es una realidad legal en España,con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial del Estado. El texto de la resolución es calificado por los técnicos consultados de 'extraordinariamente complejo, de acuerdo con la novedad y complejidad del servicio que ha quedado aprobado'. La mayor dificultad en la regulación ha venido determinada por el hecho de que el soporte sobre el que se presta Imagenio es la red convencional de Telefónica. Una infraestructura sometida a un rosario de obligaciones en relación con los usuarios y con la competencia por su antiguo carácter monopolista y su actual posición de dominio. Los aspectos más relevantes del visto bueno del Gobierno tienen que ver con las condiciones que impone a Telefónica para que permita el acceso de terceros operadores competidores a algunas de las ofertas que se incluyen en Imagenio. Es el caso no sólo de los servicios de voz e Internet por ADSL sino también de los de transporte de la señal de audio y de televisión convencional y digital. Telefónica tiene que asegurar que sus competidores pueden recibir estos servicios en condiciones idénticas a las que se ofrezcan al tramo minorista que articule el operador dominante. Telefónica debe atenerse a los principios de 'neutralidad, transparencia y no discriminación'.

(Cinco Días)

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ECONOMÍA

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